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El contrato de Agencia: La indemnización por clientela

El contrato agencia viene definido en el artículo 1 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia, que establece que “Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones”. Es decir, el agente se obliga a promover actos u operaciones de comercio e incluso concluirlos siempre por cuenta del empresario.

La relación regulada por la Ley del contrato de agencia tiene naturaleza mercantil, el agente es un empresario diferenciado e independiente y no un trabajador por cuenta ajena. Si bien se trata de un contrato consensual –esto es, se perfecciona por el consentimiento de las partes- resulta muy recomendable reflejar por escrito los extremos del contrato, sin otro animo que para que consten los pactos o acuerdos alcanzados a efectos probatorios en un eventual ulterior pleito.

Pues bien, una vez extinguido el contrato de agencia, por las causas establecidas en la Ley: vencimiento del contrato, denuncia de cualquiera de las partes, incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato, declaración de concurso de cualquiera de las partes y muerte del agente. La propia Ley prevé el derecho del agente a percibir una indemnización por su clientela, entendiendo por esta el fondo de comercio aportado por el agente como consecuencia directa de su labor.

Sin embargo, este derecho a ser indemnizado no nace automáticamente una vez extinguido el contrato de agencia, sino que se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley, para su procedencia:

En primer lugar, que el agente haya aportado nuevos clientes al empresario o que haya incrementado sustancialmente los preexistentes.

En segundo lugar, que la actividad del agente sea susceptible de continuar produciendo ventajas sustanciales para el empresario. Y estas ventajas deben ser entendidas como un aumento real y constatable en la perspectiva de obtener ganancias por la actividad precisamente desarrollada por el agente.

No sirve un mero aumento, o una perspectiva del mismo de manera puntual o residual, sino que deben producirse variaciones cuantitativas relevantes, con significación sustantiva y con cierta duración en el tiempo. 

Y, en tercer lugar, que resulte equitativo el abono de la indemnización a la vista de las circunstancias. Este último requisito viene referido a que se haya respetado un eventual pacto de exclusividad que le vincula con el empresario, no trabajando para la competencia ni directa ni indirectamente, o un pacto de limitación de competencia una vez extinguido el contrato de agencia.

Si se dan estos requisitos, también consolidados en la jurisprudencia, el agente deberá ser indemnizado.

En cuanto a la base para el cálculo de la correspondiente indemnización, la Ley nos dice que en ningún caso podrá exceder del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años, o durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior.

Por último, cabe destacar que el plazo de prescripción para ejercicio de esta acción será de un año a contar desde la extinción del contrato, siendo competente para conocer de la reclamación judicial el Juzgado del domicilio del agente.

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