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Llamaradas jurídicas

Una vez finalizado el mes de agosto, mes reservado anualmente a las vacaciones por excelencia, debemos reflexionar sobra la deleznable tradición estival de la quema indiscriminada de hectáreas, que este último mes ha azotado con especial virulencia a las Islas Canarias. Desgraciadamente viene siendo habitual durante estas fechas contemplar a través de la televisión con estupor como las llamas devoran palmo a palmo terreno forestal.

 

Muchas veces, detrás de esta catástrofe ecológica y ambiental esta la mano del hombre, ya sea de forma consciente o negligente. Así las cosas, el delito de incendio forestal contemplado en los artículos 352 y siguientes del Código Penal castiga con penas de multa de doce a veinticuatro meses y prisión de uno a cinco años a los que incendiaren montes o masas forestales.

 

Para determinados casos de especial gravedad (que afecte a una superficie de considerable importancia, que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados, etc.) o cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio, las penas que se impondrán serán de tres a seis años de prisión y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

 

Además, de conformidad con el artículo 351 del Código Penal, cuando se provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, se impondrá la pena de prisión de diez a veinte años.

 

Por último, y para los casos de incendios de zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el medio natural, se impondrán la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses.

 

No debemos pasar por alto las graves penas con las que el Código Penal castiga los delitos de incendios y en especial para el caso de que el incendio comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas (de diez a veinte años de cárcel). De esta forma se pretende proteger tanto la vida e integridad de las personas y el medio natural donde viven, y en especial, la riqueza forestal, al ser el monte y la vegetación bienes de gran valor ecológico.

 

También debemos destacar la mayor gravedad de las penas cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio. De la misma forma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Montes, las Comunidades Autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados estando prohibido el cambio de uso forestal del suelo quemado durante al menos 30 años.

 

De este modo, se pretende por un lado que alguien sin escrúpulos provoque un incendio para sacar réditos económicos, y por otro se impide que el uso del suelo incendiado pueda cambiar durante 30 años, desincentivando así las siniestras intenciones de determinados delincuentes incendiarios.

 

Pese a la evidente función disuasoria tanto de las penas que llevan aparejadas los delitos de incendios forestales, como de la prohibición de la recalificación de los terrenos forestales quemados, seguimos atendiendo impotentes cada verano a la destrucción de nuestro patrimonio natural, quizá sea hora de cambiar de estrategia, ya va siendo hora de apagar este fuego.

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